Según Naciones Unidas, las ciudades del mundo ocupan solo el 3% de la superficie terrestre, pero representan entre el 60% y el 80% del consumo de energía y el 75% de las emisiones de carbono. En la Unión Europea, los edificios son responsables de aproximadamente el 40% del consumo de energía y del 36% de las emisiones de CO2.
«Con el sector de los edificios siendo responsable de alrededor del 36% de las emisiones de CO2 y del 40% del consumo de energía en Europa, el reto global frente al cambio climático y la sostenibilidad pasa por generar una transformación decidida de nuestra manera de construir y, especialmente, de nuestro parque edificado. El 97% de los edificios existentes son ineficientes y necesitan ser actualizados. Debido a esto, los sucesivos paquetes de normativa y planes que se han lanzado desde Europa han prestado especial atención a los edificios, reconociendo el sector como crucial para alcanzar los objetivos energéticos y medioambientales de la Unión Europea», destaca el informe sobre la Agenda de la Unión Europea para la edificación sostenible y su influencia en la regulación y políticas en España, elaborado por Green Building Council España (GBCe).
La Comisión Europea estableció como un asunto prioritario la rehabilitación energética de estas infraestructuras. España ya se ha puesto manos a la obra, y destinará un total de 5.300 millones de euros, procedentes íntegramente de los fondos europeos de recuperación, para la rehabilitación y regeneración urbana de los edificios. El plan tiene como objetivo aumentar el número de viviendas que se rehabilitan en la actualidad (en torno a 30.000 viviendas al año) para llegar a multiplicar por cinco esta cifra hasta 2023, según señaló hace unos días la vicepresidenta económica del Gobierno, Nadia Calviño.
Las ayudas permitirán remodelar y mejorar la eficiencia energética de 480.000 viviendas durante el próximo trienio. Se desglosarán de la siguiente manera: 2.400 millones serán empleados en vivienda y barrios; 500 millones, para ciudades de menos de 5.000 habitantes con el fin de combatir la despoblación; 1.080, para edificios de comunidades y ayuntamientos; 1.000 millones para edificios de la Administración del Estado; 20 millones, para que las propias entidades locales diseñen sus planes de acción de la Agenda Urbana, y 300 para una convocatoria ya publicada del Instituto para la Diversificación Energética.
La inversión se desarrollará en torno a tres ejes: