El BOE publica hoy el Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio, por el que se aprueban medidas en materia de energía y en otros ámbitos para la reactivación económica, con el fin de impulsar “de forma ordenada y rápida, la transición energética hacia un sistema eléctrico 100% renovable y favorecer la reactivación económica en línea con el Pacto Verde Europeo”. La norma elimina barreras para el despliegue masivo de fuentes renovables, define nuevos modelos de negocio y fomenta la eficiencia energética, entre otras cuestiones. Se trata, por tanto, de un paso de gran alcance para la economía en general, muy dañada por la crisis sanitaria de la COVID-19, y para el sector de la energía fotovoltaica en particular, ávido de continuar avanzando hacia un modelo energético en el que las energías limpias sean la base de este nuevo escenario.
Este nuevo marco regulatorio ayudará, sin duda, a la reactivación de la industria fotovoltaica y ofrecerá además un mayor protagonismo al ciudadano en la gestión de su energía. Para Ampere Energy es una excelente noticia ya que, entre otras medidas, se regula el almacenamiento, se incorpora la figura del agregador independiente, "que introducirá mayor dinamismo en el mercado eléctrico" y, además, “para favorecer la participación de la ciudadanía en la transición ecológica, quedan reguladas las comunidades de energía renovables, que permiten a los ciudadanos y las autoridades locales ser socios de proyectos de energías renovables en sus localidades”. En definitiva, el RD reafirma nuestra apuesta por el almacenamiento inteligente y la gestión de baterías distribuidas, que permiten ofrecer sus capacidades agregadas para distintos servicios de flexibilidad y gestión de la demanda. Nuestra solución Amperia VPP Platform, la primera Virtual Power Plant (VPP) desarrollada en España a nivel distribuido es un claro ejemplo, ya que introduce una nueva forma de gestionar la energía a nivel agregado mediante la utilización de baterías y software inteligente que permite al usuario ser parte activa de la red eléctrica, consiguiendo aprovechar completamente los recursos de sus instalaciones de autoconsumo. El autoconsumo con energías renovables, el almacenamiento energético inteligente y su gestión a través de plantas virtuales juegan, por tanto, un papel fundamental y tienen mucho que aportar a una economía sostenible, descarbonizada, limpia y eficiente.
Impulsar las energías renovables y favorecer la reactivación económica
“En estas circunstancias excepcionales, la política energética debe estar orientada, teniendo en cuenta su objeto y ámbito de aplicación en la actual Transición Energética, a impulsar una serie de medidas que favorezcan la recuperación económica, la movilización de recursos financieros tanto nacionales como de la Unión Europea, la creación de empleo sostenible, y la necesaria colaboración entre las políticas presupuestarias, monetarias, financieras y estructurales”. Así comienza este Real Decreto-ley, que se divide en cuatro bloques.
El primero de ellos aborda la regulación de acceso y conexión, y establece un nuevo mecanismo de subastas para la ordenación de renovables. La norma establece hitos y plazos temporales para evitar movimientos especulativos en la utilización de los permisos de acceso a la red y crea un nuevo sistema de subastas que ofrece estabilidad al inversor y permite que el conjunto de los consumidores se beneficie de los ahorros asociados a la integración de renovables en el sistema, ya que son la fuente de generación de energía más barata.
El segundo punto se centra en la importancia de establecer nuevos modelos de negocio, incorporando al ordenamiento jurídico español disposiciones relativas al almacenamiento, agregadores independientes, comunidades de energías renovables, hibridación, infraestructuras de recarga de alta capacidad >250kW, autorización simplificada de proyectos de I+D+i, bancos de prueba regulatorios, autorización simplificada de instalaciones de red móviles, así como la optimización del uso de la capacidad de acceso concedida.
El tercer bloque regula las medidas para el fomento de la eficiencia energética y establece una moratoria de las obligaciones de aportación al Fondo Nacional de Eficiencia Energética en el año 2020, con el fin de apoyar a las empresas del sector energético para impulsar la salida del estado de alarma.
Por último, el cuarto punto incluye una serie de medidas sectoriales para mitigar los efectos negativos de la situación provocada por la crisis de la COVID-19 sobre los sujetos que operan en los mercados energéticos y las destinadas a asegurar el equilibrio y la liquidez en el sistema eléctrico, requisito necesario para la continuidad de la actividad y el impulso de nuevas inversiones y, por tanto, el éxito de la transición energética.